Analizan en la Universidad de Guadalajara los retos y perspectivas de la propiedad social de la tierra en México
Analizan en la Universidad de Guadalajara los retos y perspectivas de la propiedad social de la tierra en México
Durante la conferencia impartida por el procurador agrario, Ingeniero Víctor Suárez Carrera, se destacó la importancia de los ejidos y comunidades agrarias para la soberanía nacional, la protección de los recursos naturales y la justicia social. En el marco del encuentro, la UdeG y la Procuraduría Agraria firmaron un convenio marco de colaboración para fortalecer la formación académica, la investigación y el trabajo conjunto en materia agraria y ambiental.
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue sede de la conferencia “Perspectivas de la Propiedad Social de la Tierra en México”, impartida por el ingeniero Víctor Suárez Carrera, procurador agrario del Gobierno de México, quien abordó la relevancia histórica, social, económica y ambiental de la propiedad social, así como los desafíos que enfrentan actualmente los ejidos y las comunidades agrarias del país.
La actividad fue organizada por el Departamento de Derecho Social y Disciplinas sobre el Derecho y la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, con el propósito de generar un espacio de reflexión académica sobre la situación de la tenencia de la tierra, la defensa de los derechos colectivos y el papel estratégico del sector agrario en el desarrollo nacional.
La mesa del presídium estuvo integrada por el ingeniero Víctor Suárez Carrera, procurador agrario del Gobierno de México; el licenciado Wolfgang Rodolfo González Muñoz, subprocurador general agrario; y el licenciado César Octavio Yáñez Centeno y Arvizu, representante de la Procuraduría Agraria en Jalisco.
También participaron el licenciado Erick Omar Rodríguez Díaz, secretario de la Vicerrectoría Adjunta Académica y de Investigación, en representación del doctor Jaime Andrade Villanueva, vicerrector adjunto académico y de investigación de la Universidad de Guadalajara; así como la doctora Rocío Calderón García, secretaria académica del CUCSH, en representación de la doctora Dulce María Zúñiga Chávez, rectora del centro universitario.
Asimismo, estuvieron presentes el maestro José Álvaro Fernández González, secretario de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, en representación de la doctora Karla Fabiola Vega Ruiz, directora de dicha división; y la doctora Rosalinda Mariscal Flores, jefa del Departamento de Derecho Social y Disciplinas sobre el Derecho.
Uno de los acontecimientos centrales de la jornada fue la firma de un convenio marco de colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la Procuraduría Agraria, mediante el cual ambas instituciones establecieron bases para ampliar su trabajo conjunto en materia de formación especializada, investigación, diagnósticos sobre problemáticas agrarias y ambientales, así como intercambio de información y materiales académicos.
Entre las acciones contempladas destaca el desarrollo de un proyecto de maestría en Derecho Agrario y Derecho Ambiental, en modalidad virtual, además de la posibilidad de fortalecer la participación de estudiantes en actividades prácticas de acompañamiento a ejidos y comunidades.
En representación de la Vicerrectoría Adjunta Académica y de Investigación de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Erick Omar Rodríguez Díaz destacó la dimensión territorial y social de la propiedad agraria, al recordar que cerca de 100 millones de hectáreas están distribuidas en más de 30 mil ejidos y comunidades, donde habitan familias, se producen alimentos y se concentra una parte fundamental de la riqueza forestal nacional.
Señaló que los cambios en la regulación y las condiciones de la propiedad social hacen necesario ampliar los espacios de formación especializada para quienes trabajan en la asesoría jurídica, la resolución de conflictos y la defensa de los derechos de ejidatarios y comuneros.
Como antecedente de esta colaboración, recordó que en 2023 la Procuraduría Agraria y la Universidad de Guadalajara unieron esfuerzos para ofrecer un diplomado en Derecho Agrario, Pueblos Originarios y Sustentabilidad, a través de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH.
Añadió que el convenio firmado durante la jornada representa un paso más en esta relación institucional, al abrir la posibilidad de desarrollar un posgrado que articule los ámbitos agrario y ambiental: “Lo virtual también implica cuidar el agua que la riega y el bosque que la rodea. Son asuntos que están conectados y que nuestra formación debe responder a esa realidad”, expresó.
El licenciado Rodríguez Díaz reconoció también la trayectoria de más de cuatro décadas de Víctor Suárez Carrera junto a pequeños productores rurales y comunidades indígenas, y consideró que su experiencia constituye una aportación relevante para comprender el derecho agrario desde la realidad de quienes viven y trabajan la tierra.
Por su parte, la doctora Rocío Calderón García, secretaria académica del CUCSH, destacó que la reforma institucional de 1992 marcó un punto de inflexión en la historia agraria del país, al concluir el reparto agrario y abrir la posibilidad del dominio sobre las parcelas, además de dar origen a la Ley Agraria, los tribunales agrarios y la Procuraduría Agraria.
Explicó que, si bien estos cambios contribuyeron a brindar certeza jurídica en numerosos núcleos agrarios, todavía persisten desafíos relacionados con la venta irregular de predios y la acelerada expansión urbana. Como ejemplo, mencionó las transformaciones territoriales que se han presentado en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como Zapopan, Tlajomulco y Tonalá, donde el crecimiento urbano ha generado presiones sobre los territorios ejidales.
En este contexto, enfatizó que la Procuraduría Agraria tiene una responsabilidad fundamental en la protección de los derechos de los sujetos agrarios: “La tarea de la Procuraduría es, en un sentido estricto, una tarea de justicia”, afirmó.
La doctora Calderón García señaló que esta labor comprende asesorar, representar y acompañar a ejidatarios, comuneros y comunidades indígenas, particularmente ante las presiones económicas y políticas que pueden comprometer sus derechos territoriales. Sostuvo que las universidades tienen la responsabilidad de estudiar estos procesos con rigor académico y contribuir a la construcción de respuestas ante problemáticas que vinculan el derecho agrario, la protección ambiental y el desarrollo urbano.
Entre los cuestionamientos que consideró necesario atender mencionó cómo garantizar la seguridad jurídica de los ejidatarios sin debilitar la vida colectiva de los núcleos agrarios; qué papel deben desempeñar las asambleas frente a los grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructura, y cómo articular el derecho agrario y ambiental cuando están en juego recursos como el agua y los bosques.
Finalmente, destacó la pertinencia de la conferencia como un espacio de encuentro entre la academia y las instituciones públicas, que permite acercar a la comunidad universitaria a las realidades y desafíos que enfrenta actualmente el campo mexicano.
Ya en la conferencia el ingeniero Víctor Suárez Carrera subrayó la importancia de reconocer la propiedad social como un patrimonio colectivo indispensable para el presente y el futuro de México: “En buena medida la historia de México ha sido la historia de la cuestión agraria y, en particular, la historia de la lucha por la propiedad social de la tierra y el derecho de las comunidades campesinas e indígenas a poseerla, habitarla y a que sirva como base material de existencia y reproducción de sus modos de vida y cultura”, expresó.
El procurador agrario explicó que esta forma de tenencia comprende aproximadamente la mitad del territorio nacional y pertenece a 32 mil 500 sujetos colectivos, entre ejidos y comunidades agrarias, integrados por alrededor de 5.5 millones de personas titulares de derechos individuales. Destacó su importancia ambiental y estratégica al señalar que una proporción significativa de la biodiversidad, las cuencas hidrológicas y los acuíferos del país se encuentra en territorios de propiedad social.
En este sentido, relacionó la protección de estos espacios con problemáticas actuales como la crisis del agua que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara: “Esto muestra que la propiedad social de la tierra es un sector estratégico para el desarrollo y la soberanía nacional”, puntualizó.
En el caso de Jalisco, informó que esta modalidad representa alrededor del 40 por ciento de la superficie estatal, con mil 410 ejidos y 58 comunidades agrarias, que reúnen a poco más de 200 mil titulares individuales de derechos.
El ingeniero Suárez Carrera también planteó una reflexión sobre la permanencia histórica de las comunidades campesinas e indígenas y sus formas de organización territorial, a pesar de cinco siglos de procesos de despojo, discriminación y desigualdad: “¿Cómo ha sido posible la existencia de esta importante propiedad social de la tierra en México después de 500 años de genocidio, despojo, acaparamiento, esclavitud, servidumbre, negación, invisibilización, desprecio, desvalorización, racismo, discriminación y clasismo?”, cuestionó ante los asistentes.
A partir de esta interrogante, dio un recorrido histórico para explicar las condiciones que han permitido la continuidad de los ejidos, las comunidades indígenas y campesinas, así como la vigencia de la propiedad social en el país.
La conferencia permitió poner sobre la mesa la importancia de la propiedad social como fundamento de la soberanía alimentaria, la diversidad cultural, la conservación de los recursos naturales y la gobernabilidad del país, y reafirmó la necesidad de fortalecer la vinculación entre las instituciones académicas y las dependencias públicas para contribuir a la defensa de los derechos agrarios y a la construcción de alternativas que respondan a los desafíos actuales del territorio mexicano.
Atentamente
“Piensa y Trabaja”
“40 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara”
Zapopan, Jalisco, 5 de noviembre de 2026.
