Reflexionan sobre la verdad y la memoria histórica en torno al informe “Fue el Estado (1965-1990)”
Reflexionan sobre la verdad y la memoria histórica en torno al informe “Fue el Estado (1965-1990)”
El foro reunió a especialistas, académicos y representantes de organizaciones de derechos humanos para analizar los hallazgos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico y la importancia de conocer el pasado para enfrentar las violaciones a los derechos humanos del presente.
En el Auditorio Rosario Castellanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) se llevó a cabo un foro de reflexión en torno al informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, titulado “Fue el Estado (1965-1990)”, un ejercicio de memoria destinado a colocar en el espacio universitario las preguntas sobre la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición frente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en México durante ese periodo.
El encuentro reunió a especialistas con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y el estudio de los movimientos sociales. Participaron el maestro David Fernández Dávalos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); el licenciado Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; y la doctora María Guadalupe Morelos González, del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales (DESMOS). La mesa fue moderada por el maestro Luis Enrique González Araiza, del ITESO.
La actividad fue organizada por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED), el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), la Maestría en Derechos Humanos y Paz y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del ITESO.
El informe “Fue el Estado (1965-1990)” es resultado de casi tres años de investigación documental y testimonial desarrollada por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. El trabajo reúne más de mil testimonios provenientes de 23 entidades de la República y analiza las estructuras y prácticas estatales vinculadas con la contrainsurgencia y la represión política durante el periodo estudiado.
A través de seis volúmenes, la investigación documenta el funcionamiento de fuerzas armadas y civiles involucradas, identifica a miles de víctimas y examina las condiciones que contribuyeron a la permanencia de la impunidad.
Más allá de las cifras y los expedientes, el informe representa un esfuerzo por recuperar historias que durante décadas permanecieron abiertas o sin respuesta. Sus testimonios permiten reconstruir hechos y, al mismo tiempo, reconocer que detrás de cada caso existieron personas, familias y comunidades que enfrentaron las consecuencias de la violencia y la falta de justicia.
Durante el foro, el maestro César Omar Avilés González, director del CEED, explicó que uno de los propósitos del encuentro fue acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad a los resultados de una investigación de particular relevancia para la memoria histórica del país.
Recordó que el informe fue presentado en 2024 por el mecanismo creado durante la administración federal de Andrés Manuel López Obrador para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, periodo relacionado con la llamada “guerra sucia” y con diversas expresiones de violencia política en México.
De acuerdo con Avilés González, la investigación permitió documentar violaciones cometidas en distintos contextos y contra diversos sectores de la sociedad, entre ellos personas vinculadas con movimientos de oposición política, estudiantes y comunidades: “Es un trabajo extraordinario de investigación acerca de violaciones a derechos humanos que se registraron en el país”, señaló, al destacar el esfuerzo realizado para recuperar, organizar y sistematizar información sobre uno de los periodos más complejos de la historia contemporánea de México.
Del conocimiento del pasado a las responsabilidades del presente
Para el director del CEED, la relevancia del informe no se limita a reconstruir acontecimientos históricos. Conocer lo ocurrido permite también identificar continuidades y comprender que problemáticas contemporáneas, como las desapariciones y distintas expresiones de violencia política, tienen antecedentes que deben ser considerados para entender el presente.
La recuperación de la memoria, planteó, puede convertirse así en una herramienta para mirar la realidad actual con mayor profundidad: saber quiénes fueron las víctimas, cómo ocurrieron los hechos, qué estructuras estuvieron involucradas y cuáles fueron las condiciones que permitieron la persistencia de determinados patrones de violencia resulta indispensable para pensar en mecanismos de justicia, reparación y no repetición.
Aunque reconoció que el proceso de esclarecimiento histórico no alcanzó todas las expectativas planteadas en torno a una eventual política de justicia transicional, Avilés González señaló que el informe constituye un referente para la sociedad civil y las instituciones académicas: “Los universitarios lo estamos retomando, nos lo estamos apropiando, sobre todo con el ánimo de conocer la verdad, qué fue lo que pasó y, con ello, poder enfrentar nuestra nueva realidad”, expresó.
El decreto relacionado con el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico estableció tareas de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia política de 1965 a 1990, con el propósito de contribuir al esclarecimiento y a la construcción social de la verdad.
Durante la reflexión también se destacó que los esfuerzos por recuperar la verdad y la memoria no surgieron de manera espontánea, sino que son resultado de décadas de resistencia y búsqueda de justicia por parte de las víctimas, sobrevivientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil.
El informe advierte, además, sobre la persistencia de condiciones que dificultan la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Entre ellas se encuentra la impunidad respecto de hechos del pasado, así como las dificultades para acceder a determinada información contenida en archivos militares, pese a los mandatos institucionales relacionados con su preservación y consulta.
De acuerdo con los hallazgos presentados, las estructuras de seguridad y contrainsurgencia del Estado tuvieron entre sus objetivos preservar la estabilidad política y la continuidad del modelo político y económico predominante durante distintas etapas del periodo estudiado. El informe sostiene que el Estado mexicano tuvo responsabilidad en la instrumentación y operación de formas de violencia estatal que se manifestaron de manera sistemática y generalizada en diferentes contextos y que afectaron a diversos sectores considerados disidentes.
Más allá de la discusión histórica, estos planteamientos colocan una pregunta que continúa vigente: ¿qué debe hacer una sociedad cuando conoce una parte de su pasado, pero todavía existen heridas, familias que buscan respuestas y responsabilidades que permanecen pendientes?
La reflexión partió de una premisa fundamental: la memoria histórica no pertenece únicamente a los archivos. También se construye a partir de los testimonios de las víctimas y sobrevivientes, de la investigación académica, del trabajo de las organizaciones sociales y de la responsabilidad de las instituciones para mantener abiertas las preguntas sobre aquello que ocurrió.
Uno de los aspectos centrales del informe es el conjunto de 142 recomendaciones dirigidas a 22 autoridades, orientadas a generar acciones de memoria, reparación, búsqueda, justicia, seguridad, preservación de archivos y fortalecimiento de los mecanismos institucionales.
Entre las recomendaciones relacionadas con memoria y no repetición se encuentran la realización de disculpas públicas y reconocimientos de responsabilidad del Estado, así como cambios de nomenclatura en espacios públicos y vialidades vinculados con acontecimientos y personas relacionados con las violaciones documentadas.
En materia de víctimas y sobrevivientes, el informe plantea medidas relacionadas con la reparación del daño y el reconocimiento de la calidad de víctima. También propone la publicación, en periódicos, de los nombres de periodistas víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Respecto a la atención y búsqueda de personas desaparecidas, las recomendaciones contemplan la creación de un nuevo organismo de atención a víctimas, así como el establecimiento de mesas de trabajo entre la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías correspondientes. También se plantea evitar modificaciones al estatus de las personas desaparecidas dentro del Registro Nacional y garantizar la participación de sus familiares en las estrategias de búsqueda.
En el ámbito de la justicia, el informe señala la necesidad de dotar de recursos suficientes a la fiscalía especializada encargada de investigar los delitos sociales y políticos del pasado, dar seguimiento a investigaciones ya iniciadas y fortalecer la persecución de estos casos en las fiscalías estatales.
Asimismo, propone revisar la legislación penal federal y los códigos relacionados con la disciplina militar, garantizar la autonomía técnica de los servicios periciales, fortalecer la separación entre las funciones de investigación y procuración de justicia, así como reforzar los mecanismos de control interno de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia.
En materia de seguridad, las recomendaciones incluyen avanzar hacia una política de seguridad ciudadana, revisar el papel de las instituciones militares en tareas de seguridad pública y modificar la política de drogas.
Otro eje corresponde a los archivos históricos, donde se plantea una reforma a la Ley General de Archivos, la transferencia al Archivo General de la Nación de documentación histórica relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y la apertura de acervos locales para favorecer el acceso a la información y la investigación.
Finalmente, el informe plantea fortalecer los mecanismos de seguimiento y supervisión, con autonomía y recursos financieros suficientes, además de establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
A más de medio siglo de algunos de los acontecimientos investigados, “Fue el Estado (1965-1990)” vuelve a colocar en el espacio público la necesidad de esclarecer los hechos, reconocer a las víctimas y examinar las condiciones que permitieron la persistencia de la impunidad. El encuentro abrió un espacio para que la historia pueda ser escuchada, discutida y comprendida. No únicamente para mirar hacia atrás, sino para preguntarse qué puede aprenderse de ese pasado y qué responsabilidades corresponden al presente; porque conocer la verdad no significa únicamente reconstruir lo que ocurrió. También implica reconocer a quienes fueron afectados, escuchar a quienes aún buscan respuestas y construir condiciones para que las violaciones graves a los derechos humanos no vuelvan a repetirse.
Atentamente
“Piensa y Trabaja”
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Zapopan, Jalisco, 6 de octubre de 2026
